La Corte Suprema rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo presentados por la parte demandante en una causa por indemnización de perjuicios contra el Fisco de Chile, relacionada con la detención ilegal y torturas sufridas durante la dictadura militar. El fallo confirmó así la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción que había reducido el monto de la reparación de sesenta millones de pesos a treinta y cinco millones de pesos.
El caso se originó a raíz de la demanda civil presentada en favor de la víctima, quien fue detenido ilegalmente el 12 de septiembre de 1973 por efectivos de Carabineros de Chile en su lugar de trabajo, la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU). El afectado permaneció recluido por cuatro días en la primera Comisaría de Carabineros, donde sufrió torturas, según consta en los hechos asentados por los tribunales de instancia.
La víctima se encuentra calificada como tal en la Nómina de personas reconocidas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Informe Valech, en la que aparece bajo el número 22.128. Esta calificación, junto con las declaraciones de testigos contestes en afirmar los hechos, sirvió de base para que el Segundo Juzgado Civil de Concepción acogiera la demanda en primera instancia, condenando al Fisco al pago de sesenta millones de pesos, más intereses y reajustes, y costas. La sentencia de primera instancia fue dictada el 23 de agosto de 2022.
Apelada esa decisión por el Fisco de Chile, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, mediante sentencia de 7 de junio de 2024, confirmó el fallo con la rebaja del monto a treinta y cinco millones de pesos, más reajustabilidad, sin costas. Fue esta rebaja la que motivó al demandante a recurrir de casación ante la Corte Suprema, argumentando una falta de fundamentación en la decisión que justificara la disminución del quantum indemnizatorio.
EL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA
En cuanto al recurso de casación en la forma, el demandante denunció la causal contemplada en el numeral 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los numerales 2, 3 y 4 del artículo 170 del mismo cuerpo legal. El recurrente sostenía que el fallo de segunda instancia no entregaba las razones suficientes para justificar la rebaja del monto indemnizatorio, limitándose a esbozar la idea de que el auto exilio fue una decisión injustificada del actor.
La Corte Suprema desestimó estos argumentos, señalando que los magistrados de segundo grado sí justificaron la rebaja, tanto al compartir las circunstancias fácticas acreditadas en el proceso como al considerar el hecho concreto de la salida del país por parte del demandante. El máximo tribunal concluyó que el disenso del recurrente con la valoración de los hechos no constituye una falta de razonamientos que permita configurar la causal de casación formal invocada, sino un mero desacuerdo con el resultado.
En esta materia se produjo una importante disidencia. Los ministros Llanos y Zepeda estuvieron por acoger el recurso formal, estimando que la sentencia impugnada no detallaba ni explicaba de forma suficiente los motivos de la rebaja, la cual redujo el monto a casi la mitad de lo fijado en primera instancia. Para los disidentes, la disminución debió alcanzar, a lo más, la suma de cuarenta millones de pesos, que consideraron más propia de una reparación integral.
LA CASACIÓN EN EL FONDO Y LA REPARACIÓN INTEGRAL
Respecto del recurso de casación en el fondo, el demandante denunció la infracción del artículo 5, inciso segundo de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 14 de la Convención contra la tortura y el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El recurrente sostuvo que el monto fijado se apartaba de la obligación estatal de reparar integralmente el daño causado.
La Corte Suprema observó que el recurrente basó su protesta exclusivamente en el monto de la indemnización, pero sin señalar de manera concreta por qué dicha suma no se ajustaba al mandato de reparación integral. El máximo tribunal destacó que los jueces de alzada utilizaron parámetros objetivos como el tiempo de privación de libertad, que en este caso fue de cuatro días, el auto exilio y las torturas sufridas durante ese periodo.
El fallo enfatizó que no basta con mencionar que una retribución dineraria no tiene el carácter de justa ni integral para configurar una infracción de ley, especialmente cuando se trata de un recurso de derecho estricto. Por ello, el recurso de casación en el fondo tampoco pudo prosperar.
RECHAZO DEFINITIVO DE LOS RECURSOS
Finalmente, la Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó ambos recursos de casación, confirmando la sentencia que redujo la indemnización a treinta y cinco millones de pesos. El fallo fue redactado por el ministro Jorge Zepeda Arriagada, y contó con la participación de los ministros Manuel Antonio Valderrama Rebolledo, Leopoldo Llanos Saavedra, María Cristina Gajardo Harboe y la abogada integrante Pía Tavolari G. El ministro Llanos y el propio Zepeda manifestaron sus disidencias, siendo este último de opinión de que, de haberse acogido la casación formal, debía dictarse la sentencia de reemplazo correspondiente.
Rol N° 25.316-2024, Corte Suprema.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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