Artículo: Hospital de Quirihue: enfermera recurre de protección contra FENATS por sanción que le costaría su afiliación gremial
Una enfermera y subdirectora de Gestión del Cuidado del Hospital de Quirihue dedujo una acción constitucional de protección ante la Corte de Apelaciones de Chillán contra la Asociación de Funcionarios FENATS Base Hospital de Quirihue, luego de ser sancionada con una suspensión disciplinaria que, según los estatutos de la organización, implica la pérdida inmediata de su calidad de socia.
La recurrente, quien además ejerce funciones de jefatura en el recinto asistencial, sostiene que el procedimiento en su contra fue ilegal y arbitrario, pues se sustentó en percepciones subjetivas y genéricas de otros asociados, sin individualizar hechos concretos, fechas ni conductas específicas que configuraran las infracciones atribuidas. La medida fue comunicada mediante notificación de fecha 14 de julio de 2026.
La acción se dirige en contra de la Directiva de FENATS Base Hospital de Quirihue y de todos quienes resulten responsables, invocando la vulneración de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 2, 4 y 15 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, el derecho a la honra y la libertad de asociación.
ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
Según relata la presentación, con fecha 17 de junio de 2026 la Directiva del gremio notificó a la funcionaria la apertura de un proceso sancionatorio en su contra. En esa comunicación se le imputaban supuestas interrupciones reiteradas a las intervenciones de otros afiliados, declaraciones calificadas como intimidatorias, presuntos sentimientos de inhibición entre los socios y actos tendientes a menoscabar las inquietudes de los demás miembros.
La recurrente destaca que las acusaciones se formularon de modo abstracto, recurriendo a locuciones indeterminadas como «diversos asociados han percibido», «manifestaciones expresas de socios y socias» o «podría generar temor o inhibición». A su juicio, ello la privó de conocer con exactitud los hechos que debía controvertir y los medios de prueba que respaldaban las imputaciones.
Uno de los puntos más cuestionados es que se invocara su posición jerárquica dentro del hospital como fundamento de la sanción. La enfermera sostiene que el ejercicio de funciones de jefatura no constituye una conducta amedrentadora y que, además, dentro de la misma organización existen otros funcionarios con cargos de responsabilidad que no han sido objeto de medidas disciplinarias por esa sola circunstancia.
CONTRADICCIÓN EN LAS FECHAS DE LA DECISIÓN
La notificación del 14 de julio de 2026, que comunicó la suspensión, contiene una inconsistencia temporal que resulta esencial para determinar la legalidad del procedimiento, según argumenta la recurrente. El documento señala que la medida fue acordada en una Asamblea General Extraordinaria celebrada el 16 de junio de 2026, pero a la vez indica que con fecha 23 de junio de 2026 la funcionaria compareció a una Asamblea General convocada para conocer sus descargos.
La recurrente plantea que si la suspensión ya había sido decidida el 16 de junio, resulta inexplicable que con posterioridad se convocara una instancia para recibir su defensa respecto de una decisión ya adoptada. Por el contrario, si la votación definitiva ocurrió después del 23 de junio, no se entiende por qué la notificación afirma que el acuerdo se tomó el 16 de junio.
Además, la notificación consigna que el escrutinio habría registrado 82 socios votantes, con 66 votos a favor de la suspensión, 13 en contra, 2 en blanco y 1 nulo, resultado que la organización calificó como una «amplia mayoría». Sin embargo, la recurrente advierte que el artículo 38 de los estatutos exige la aprobación por la mayoría absoluta de los socios, no solo de los asistentes a la asamblea, por lo que resulta indispensable conocer el número total de afiliados con derecho a voto al momento de la decisión.
FALTA DE DEFENSA REAL Y EFECTIVA
La funcionaria compareció a la asamblea del 23 de junio de 2026 con el objeto de ejercer su defensa, pero sus solicitudes fueron denegadas por la Directiva del gremio. Pidió copia del acta, el listado de los miembros presentes con sus firmas y autorización para efectuar un registro de audio de la reunión, requerimientos que fueron rechazados de plano.
La recurrente enfatiza que la simple facultad formal de presentarse a una reunión no equivale a una defensa real y sustantiva, especialmente cuando la persona afectada carece de acceso idóneo a los cargos que se le imputan y se le obstruye la obtención de registros objetivos de lo ocurrido. También cuestiona el cumplimiento de las normas estatutarias sobre convocatoria, que exigen carteles colocados con al menos tres días de anticipación indicando día, hora, materia a tratar y local de reunión.
LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIA
La recurrente subraya que, aunque la medida formal comunicada es una suspensión, el artículo 26 de los estatutos establece que los socios perderán su calidad de tales cuando hayan sido objeto de la medida disciplinaria de suspensión. Por tanto, la consecuencia práctica del acto impugnado no es una mera sanción temporal, sino la terminación de su vínculo asociativo con la organización.
La propia notificación de 14 de julio señala que la Directiva comunicaría la situación a la Sección de Gestión de Personas del establecimiento y al Departamento de Remuneraciones del Servicio de Salud Ñuble, con el objeto de poner término al descuento de la cuota de afiliación. Ello demuestra que la medida produce efectos concretos e inmediatos sobre su situación gremial.
La acción solicita que se deje sin efecto la sanción, se restablezca su calidad de socia y se ordene a la organización abstenerse de ejecutar o comunicar los efectos de la medida mientras se resuelve el asunto. También pide que se requiera a la recurrida acompañar las actas íntegras de las asambleas de los días 16 y 23 de junio, las convocatorias, las nóminas de asistentes y todos los antecedentes del procedimiento disciplinario.
La recurrente reconoce la autonomía de las asociaciones de funcionarios para organizarse y adoptar decisiones, pero advierte que dicha autonomía no puede convertirse en inmunidad frente al control constitucional cuando sus actos afectan derechos fundamentales mediante actuaciones ilegales o arbitrarias. En este caso, se solicita además una orden de no innovar para suspender los efectos de la medida mientras se tramita la acción.
La presentación fue ingresada el 11 de agosto de 2026, acompañando copia de las notificaciones de 17 de junio y 14 de julio, así como los estatutos vigentes de FENATS Base Hospital de Quirihue. La recurrente comparece por sí misma y se reserva el ejercicio de las demás acciones administrativas y judiciales que pudieran corresponderle.
Rol N° 741-2026, Corte de Apelaciones de Chillán.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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