JUZGADO DE ARICA RECHAZA DEMANDA LABORAL CONTRA MUNICIPALIDAD POR CONTRATOS A HONORARIOS
El Juzgado de Letras del Trabajo de Arica rechazó íntegramente la demanda de un trabajador que buscaba que se declarara la existencia de una relación laboral con la I. Municipalidad de Arica, pese a haber prestado servicios por más de un año bajo sucesivos contratos a honorarios en la Dirección de Turismo. La sentencia, dictada el 19 de agosto de 2026, acogió la tesis municipal de que se trató de un cometido específico autorizado por la Ley 18.883.
El actor quedó desvinculado el 31 de marzo de 2026 y demandó por despido injustificado, nulidad del despido y cobro de indemnizaciones y prestaciones. Aseguraba que, más allá de la forma contractual, en la práctica existió subordinación y dependencia, con jornada de 44 horas semanales, control biométrico de asistencia, credencial, uniforme y correo institucional.
LA DEMANDA
El trabajador sostuvo que comenzó a prestar servicios en enero de 2025 y que, hasta marzo de 2026, suscribió tres contratos de honorarios que encubrían un contrato de trabajo. Relató que debía emitir informes mensuales y boletas de honorarios, y que su remuneración ascendía a 1.100.000 pesos mensuales.
Junto con la declaración de relación laboral y el despido injustificado, reclamó la indemnización sustitutiva de aviso previo por 1.100.000 pesos, la indemnización por años de servicio por otros 1.100.000 pesos, el recargo del 50 por ciento por 550.000 pesos, feriado legal y proporcional, y 3.978.334 pesos por 384 horas extraordinarias. También pidió el pago de cotizaciones previsionales y la nulidad del despido contemplada en el artículo 162 del Código del Trabajo.
El caso se tramitó por el procedimiento de aplicación general. La audiencia preparatoria se celebró el 26 de junio y el juicio se desarrolló los días 30 y 31 de julio de 2026.
LA DEFENSA MUNICIPAL
La I. Municipalidad de Arica pidió el rechazo de la demanda, argumentando que los contratos de honorarios se celebraron conforme al artículo 4 de la Ley 18.883, norma que autoriza a los municipios a contratar sobre la base de honorarios a profesionales o técnicos para cometidos específicos. La defensa sostuvo que el vínculo concluyó por el vencimiento del último contrato, sin que fuera exigible carta de despido.
Sobre las cotizaciones previsionales, el municipio recordó que la Ley 20.255 impuso a los trabajadores independientes la obligación de cotizar por su cuenta. Añadió que los beneficios pactados, como feriados y permisos, son admisibles en los contratos a honorarios en virtud de la autonomía de la voluntad y no alteran su naturaleza civil. La demandada también invocó la doctrina de los actos propios, pues el actor firmó los contratos sin objeciones y reguló su comportamiento como prestador de servicios.
LAS CLAVES DE LA DECISIÓN
El tribunal valoró la prueba con las reglas de la sana crítica y tuvo por establecido que el trabajador prestó servicios solo en la Dirección de Turismo, con funciones específicas de apoyo a la gestión turística, fiscalización y compras. El fallo descartó el elemento de subordinación, esencial en el contrato de trabajo, al no acreditarse órdenes o instrucciones permanentes, supervisión directa, descuentos ni medidas disciplinarias.
Un punto decisivo fueron los registros de asistencia. El demandante ingresaba a sus labores entre las 06:50 y las 08:40 horas, y salía entre las 16:30 y las 22:29 horas, con variaciones de un día a otro. Según el fallo, esa amplitud horaria elimina la posibilidad de dar por cierto el cumplimiento de una jornada de trabajo con hora de ingreso y salida determinada, y también impide tener por acreditadas horas extraordinarias.
La sentencia agregó que el propio trabajador pagó sus cotizaciones previsionales como independiente entre enero y diciembre de 2025, lo que refuerza la naturaleza no laboral del vínculo. Además, consideró que la relación, de un año y tres meses, fue insuficiente para estimar que el contrato civil pudo mutar en un contrato de trabajo regulado por el Código del Trabajo.
La prueba testimonial del demandante estuvo compuesta por un amigo y un sobrino, quienes reconocieron que su conocimiento de los hechos provenía de lo relatado por el propio interesado. En tanto, la prueba de confesión de la demandada admitió que el sistema de control biométrico operaba también para los prestadores de honorarios, pero precisó que las horas extraordinarias solo se generan para funcionarios de planta y contrata.
COSTAS
En definitiva, el juzgado rechazó la demanda en todas sus partes y condenó al actor en costas, por estimar que no tuvo motivo plausible para litigar. Las costas personales se regularon en la suma de 400.000 pesos.
La sentencia corresponde al RIT O-257-2026, del Juzgado de Letras del Trabajo de Arica.
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