La Corte Suprema informó el análisis del proyecto de ley que tipifica como delito autónomo el reclutamiento de personas por parte de asociaciones delictivas o criminales. El máximo tribunal entregó su informe a la Presidenta del Senado, luego de que esta autoridad y el Secretario General (S) de la Corporación lo recabaran mediante Oficio N° 192/SEC/26. En su análisis, la Corte advirtió que la iniciativa, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, presenta un problema estructural al otorgar la calidad de víctima a quienes son a la vez imputados por integrar la misma organización criminal.
El proyecto, originado en una moción de los senadores Núñez, Vodanovic, Bianchi, Moreira y Saavedra, y contenido en el Boletín N°18.333-07, busca sancionar penalmente la captación de nuevos integrantes para bandas criminales, una conducta que la ley actual no castiga de manera específica. La iniciativa establece penas más severas cuando las víctimas son menores de 18 años y contempla medidas de protección especial para los adolescentes reclutados.
La propuesta modifica el Código Penal incorporando el artículo 294 quáter, que sanciona a quien reclute, capte, induzca o financie la incorporación de personas a una asociación delictiva o criminal, con penas que van desde presidio menor en su grado máximo hasta presidio mayor en su grado medio, siendo esta última pena aplicable cuando la víctima es menor de 14 años. También se agrava la pena si se utiliza violencia, engaño o si el objetivo es incorporar a la persona a delitos como homicidio, secuestro o narcotráfico.
El segundo artículo introduce un nuevo artículo 226 AA al Código Procesal Penal, que regula medidas de protección especial para menores de 18 años reclutados por organizaciones criminales. Estas medidas buscan impedir la revinculación del reclutado con la asociación, resguardar su integridad física y psicológica, y evitar su exposición a nuevas formas de captación.
Sobre este último punto se centran los principales reparos de la Corte Suprema. El tribunal observa que la iniciativa reconoce la calidad de víctima a quien formó parte de una organización criminal pero que, a su vez, será perseguido penalmente por los delitos cometidos en el marco de esa organización. Esta doble identidad de víctima e imputado tensiona el sistema de Responsabilidad Penal Adolescente establecido en la Ley N°20.084.
LOS REPAROS DEL TRIBUNAL
La Corte Suprema señala que el nuevo delito propuesto no constituye una figura penal completamente autónoma, sino una figura agravada de los delitos de asociación delictiva o criminal ya previstos en los artículos 292 y 293 del Código Penal. Además, advierte una contradicción en el sistema de protección, pues los mismos órganos que protegen a las víctimas deberán hacerse cargo de la protección de quienes integran las organizaciones criminales.
El tribunal también cuestiona la utilidad de las medidas de protección, señalando que no pueden imponerse de forma coercitiva a quien presenta esa doble identidad de víctima e imputado. Si el integrante de la organización criminal es renuente a aceptar la protección y persiste en su actividad, las medidas no tendrán mayor utilidad. La Corte estima más acertado utilizar las herramientas ya existentes en la Ley N°20.084, como la medida cautelar de sujeción a vigilancia del artículo 32 bis.
OBSERVACIONES PRESUPUESTARIAS
El informe incluye observaciones de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que alerta sobre el impacto que la iniciativa generará en la carga de trabajo de los juzgados de garantía. Se advierte que la modificación aumentará el número de causas, audiencias y análisis, y que no se consideran los recursos financieros necesarios para hacer frente a esta sobrecarga.
La Presidenta del Senado y el Secretario General (S) del Senado recabaron el informe de la Corte Suprema mediante Oficio N° 192/SEC/26, de 10 de junio de 2026, en conformidad con el artículo 77 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la Ley N°18.918. El Tribunal Pleno, conformado por su presidenta y los ministros y ministras que indica, acordó el informe en sesión celebrada el 14 de agosto de 2026.
Oficio N° 222-2026, Corte Suprema, Boletín N°18.333-07.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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